nariaLa transparencia lleva más de una década formando parte de las obligaciones de las administraciones y entidades públicas españolas. Sin embargo, disponer de una ley, unos criterios claros y portales específicos para publicar información no significa necesariamente haber resuelto el problema.
Los últimos datos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, recogidos por Expansión en su artículo “El sector público no aprueba en sus obligaciones de transparencia”, vuelven a ponerlo de manifiesto. Tras analizar los portales de transparencia de 153 entidades del sector público institucional estatal, el índice medio de cumplimiento se sitúa en apenas un 47,1 %.
Las obligaciones de transparencia activa llevan vigentes desde 2014 y afectan a cuestiones tan relevantes como la publicación de normativa, presupuestos, contratos, responsables públicos, formación y experiencia o retribuciones.
Trece años después de la aprobación de la ley, quizá la pregunta ya no sea por qué las instituciones deben ser transparentes. La cuestión verdaderamente interesante es otra: ¿por qué sigue siendo tan difícil conseguirlo?
La transparencia no empieza en un portal web
Cuando pensamos en transparencia pública es fácil imaginar un portal en el que cualquier ciudadano puede consultar contratos, presupuestos, normativa, organigramas o información económica.
Pero el portal es únicamente el último eslabón de una cadena mucho más larga.
Es precisamente en este punto donde la transformación digital puede marcar una diferencia. En Naria entendemos la digitalización de una administración no como la incorporación aislada de nuevas herramientas, sino como una oportunidad para revisar los procesos que generan y gestionan esa información.
Antes de decidir qué tecnología utilizar, es necesario comprender cómo circulan los datos, dónde se producen duplicidades, qué tareas siguen dependiendo de intervenciones manuales y qué responsabilidades existen sobre cada información.
El verdadero reto: mantener la información actualizada
Según recoge Expansión, uno de los principales problemas detectados por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no es solo la falta de información obligatoria, sino la dificultad para conocer hasta qué punto los datos publicados están actualizados.
Ahí está una de las diferencias entre publicar y ser realmente transparente. Subir un documento es relativamente sencillo; garantizar que siga siendo correcto meses después exige procesos claros, responsables definidos y mecanismos de actualización.
Cuando todo esto depende de hojas de cálculo, correos, recordatorios o revisiones manuales, la transparencia deja de ser un proceso integrado y se convierte en una tarea adicional.
Digitalizar es mejorar lo que ocurre antes de publicar
Una administración genera de forma habitual información sobre contratación, presupuestos, subvenciones, convenios, responsables o normativa. El reto consiste en conseguir que esos datos puedan pasar de la gestión interna a la información pública de manera sencilla y fiable.
Por eso, digitalizar no significa sustituir documentos físicos por digitales. Significa revisar cómo se genera y circula la información, eliminar duplicidades y conseguir que los sistemas y procesos estén mejor conectados.
Cuando esto ocurre, la transparencia puede integrarse en el funcionamiento habitual de la organización, en lugar de depender de esfuerzos extraordinarios.
En Naria acompañamos a las administraciones precisamente desde este enfoque: analizamos cómo funcionan sus procesos, detectamos puntos de fricción e identificamos oportunidades de simplificación, digitalización y automatización antes de plantear la tecnología necesaria.
Un 28,4 % que invita a reflexionar
El Consejo también analizó la aplicación de las 2.916 recomendaciones realizadas en 2025. Según los datos recogidos por Expansión, únicamente se habían aplicado 830, un 28,4 %.
Las diferencias entre organismos son importantes: algunas entidades alcanzan el pleno cumplimiento mientras otras continúan muy alejadas. Esto demuestra que avanzar es posible, pero también sugiere que el problema no depende únicamente de conocer las obligaciones.
Existe también un reto organizativo: convertir esas obligaciones en procesos sostenibles y asumibles dentro del funcionamiento cotidiano de cada entidad.
La transparencia como resultado de una buena gestión
El escenario ideal sería aquel en el que publicar información actualizada requiriese cada vez menos intervenciones extraordinarias. Datos correctamente estructurados desde su origen, responsabilidades claras y mecanismos que faciliten su actualización y posterior publicación.
La tecnología puede contribuir a conseguirlo, pero no debería ser el punto de partida. Introducir una herramienta sobre un proceso ineficiente no garantiza que ese proceso mejore.
Por eso, desde Naria defendemos empezar por comprender cómo funciona la organización y, a partir de ahí, determinar qué procesos pueden mejorarse y dónde tiene sentido aplicar tecnología.
De cumplir a generar confianza
El Consejo reclama que la información pública sea íntegra, actualizada, fácilmente localizable y reutilizable, según recoge Expansión. No es únicamente una cuestión de cumplimiento: la calidad de esa información determina también la capacidad de ciudadanos, empresas y organizaciones para comprender la actividad pública.
Trece años después de la aprobación de la Ley de Transparencia, el reto quizá no sea únicamente publicar más, sino gestionar mejor la información que hay detrás.
Si mantener un portal actualizado exige constantemente grandes esfuerzos manuales, el problema puede estar mucho antes del portal.
En Naria ayudamos a administraciones y entidades públicas a analizar esos procesos, detectar ineficiencias y diseñar una transformación digital adaptada a su realidad. Porque digitalizar no debería significar incorporar más tecnología, sino utilizarla para conseguir organizaciones que funcionen con. más agilidad.
